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Al resolver el amparo directo en revisión 2558/2024 la a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio elemental sobre las sociedades mercantiles que ejecutan ventas mediante contratos de adhesión.

Esta implicación constituye nuevos estándares sobre la forma en que deben presentarse los términos y condiciones en transacciones y contratos de adhesión.

La Corte estableció que la simple publicación de los términos y condiciones en una sección del sitio web del proveedor no es suficiente para asumir que el consumidor los conoció y aceptó al momento de efectuar la compra.

Se consideró necesario garantizar que, al otorgar su consentimiento, el consumidor hubiera tenido la oportunidad de visualizar dichas políticas, lo que le permitiría conocer el contenido y alcance de las obligaciones que estaba asumiendo.

Por consecuente, esta resolución conlleva implicaciones para las sociedades mercantiles, seguidamente, se exponen algunas:

1. En plataformas digitales: es imperativo revisar y, en su caso, rediseñar los procedimientos de adquisición, con el fin de asegurar la visibilidad adecuada de los términos y condiciones, así como establecer mecanismos de aceptación expresa que se ajusten a los nuevos estándares de prueba establecidos por la normativa vigente.

2. En el campo comercial: revisión y actualización de los contratos de adhesión empleados en las transacciones comerciales de todo tipo.

3. En la gestión de riesgos: posible incremento de reclamaciones derivadas de condiciones no debidamente informadas.

4. En el avance tecnológico: implementación de mecanismos que garanticen la presentación efectiva de los términos y condiciones, así como su aceptación expresa.
5. En el ámbito de protección al consumidor: mayor riesgo de procedimientos por prácticas comerciales inapropiadas, entre otros.

El incumplimiento de los lineamientos establecidos puede acarrear consecuencias jurídicas significativas para las empresas, tales como la nulidad de cláusulas contractuales esenciales, el incremento de procedimientos legales iniciados por consumidores afectados, la imposición de sanciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la limitación en la capacidad de hacer valer ciertos derechos contractuales y daños reputacionales que afectan la credibilidad de la empresa. Estas repercusiones resaltan la importancia de adherirse a las normativas vigentes para evitar consecuencias legales y comerciales adversas.