I. Planteamiento inicial

¿Hasta dónde puede seguir el fisco el rastro de un dividendo?

La respuesta breve del Tribunal de Justicia es: hasta el final de la cadena, aunque la sociedad que lo recibe primero tenga actividad económica real, aunque las operaciones sospechosas ocurran en otro país y aunque la sociedad que paga no sepa nada. Pero con una condición que no admite atajos: la autoridad tiene que probar el abuso con un análisis de todos los hechos y no puede presumirlo de la sola coincidencia de cifras.

Sostengo que la sentencia vale menos por ampliar la cláusula antiabuso que por fijar sus límites probatorios. El Tribunal abre al fisco toda la cadena, pero le cierra el camino de la presunción general. Esa tensión, entre amplitud del examen y rigor de la prueba, es la que conviene leer desde México, donde el art. 5-A del Código Fiscal de la Federación plantea la misma pregunta con otra técnica.

II. Hechos y antecedentes procesales

Retal Industries, sociedad residente en Chipre, era dueña del 100 % de dos sociedades lituanas: NEO GROUP y Retal Lithuania. En 2016 y 2017 recibió de ambas dividendos por 28.485.032 euros, de los cuales 15 millones provinieron de NEO. Las filiales no practicaron retención, con base en el art. 34, ap. 2, de la ley lituana del impuesto sobre sociedades, que exime los dividendos pagados a una matriz con participación y antigüedad mínimas (aps. 18-21).

La Inspección Tributaria lituana reconstruyó una cadena. Clendon Holdings, sociedad de Belice que controlaba a Retal, la vendió a PPH, sociedad chipriota constituida menos de tres meses antes, por 310,4 millones de euros con pago aplazado hasta 2027. El crédito se cedió a PG, persona física residente en Chipre, y PPH le pagó con fondos procedentes de los dividendos (aps. 29-30). La Inspección calificó a PG de «beneficiario último», aplicó la norma antiabuso interna, negó la exención y liquidó 2,25 millones de euros más intereses y sanción (aps. 22-23).

Un dato condiciona todo el caso: según el órgano remitente, la Inspección no discutió que Retal ejerciera una actividad económica real (ap. 28). NEO, además, negó los hechos de la resolución de remisión, y el Tribunal respondió sobre la base de lo que el órgano remitente tuvo por acreditado (ap. 72).

El Tribunal Económico-Administrativo de Lituania planteó seis cuestiones prejudiciales sobre la Directiva 2011/96 y el principio de proporcionalidad (ap. 41).

III. Pregunta jurídica

¿Permite la cláusula antiabuso de la Directiva matriz-filial negar la exención de retención sobre dividendos pagados a una matriz que ejerce actividad económica real, cuando los dividendos forman parte de una cadena de operaciones falseadas cuyo beneficiario es quien controla el grupo, aunque esas operaciones ocurran en otro Estado y la filial pagadora las desconozca?

IV. Decisión del tribunal

El Tribunal respondió en cuatro puntos. El art. 1, aps. 2 y 3, de la Directiva 2011/96, en la versión de la Directiva 2015/121:

1. No se opone, en principio, a retener sobre dividendos pagados a una matriz que forma parte de una cadena de operaciones falseadas, total o parcialmente, cuyos dividendos acaban en quien controla el grupo, aunque la matriz ejerza actividad económica real y no sea una sociedad instrumental.

2. Admite como «indicios pertinentes» que los importes transferidos en la cadena sean similares o idénticos a los dividendos y que las transferencias se hagan a lo largo de un período continuado, sin perjuicio de un análisis objetivo de todos los hechos.

3. Permite retener aunque las operaciones falseadas se hayan realizado fuera del Estado de la filial y por no residentes, incluida la persona que obtiene la ventaja, con independencia de la fase de la cadena.

4. Permite retener aunque la filial no haya conocido ni podido conocer la cadena, siempre que se demuestre que al menos una sociedad del grupo que participa en ella, o la persona física que obtiene la ventaja, tenía o podía tener ese conocimiento.

Es una sentencia prejudicial de interpretación: vincula al tribunal lituano, que debe aplicar estos criterios a los hechos, y fija el sentido de la Directiva para todos los Estados miembros.

V. Ratio decidendi

Dos elementos, no uno. El abuso exige un arreglo falseado y que obtener la ventaja fiscal sea su propósito principal o uno de los principales (ap. 50). El carácter falseado se aprecia con una perspectiva global, por la inexistencia de razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica (ap. 52), y no basta por sí solo: se requiere también el elemento subjetivo (aps. 91-93).

La actividad real de la matriz no es un escudo. Si la primera operación de una cadena es el pago a una matriz con actividad económica real, eso no permite concluir que no hay abuso; detenerse ahí contradiría el examen de conjunto (aps. 62 y 70). La sociedad instrumental de T Danmark «no es más que un ejemplo entre otros» de arreglo falseado (ap. 61).

Toda la cadena. La administración del Estado de la filial puede tomar en cuenta operaciones realizadas fuera de su territorio, antes o después del pago (ap. 84), y circunstancias posteriores al establecimiento del arreglo (aps. 82-83). La ventaja puede obtenerla la persona física que controla el grupo, sin que la filial obtenga ninguna (ap. 85).

Los límites de la prueba. La carga de probar el abuso recae en la autoridad, sin que pueda exigírsele una prueba imposible (ap. 59). La correspondencia de importes es un indicio válido, pero esos elementos «no pueden dar lugar a una presunción general de abuso» (ap. 75). La transferencia en breve plazo puede ser indicio, pero no es requisito: un movimiento periódico también puede revelar un arreglo falseado (aps. 76-78).

El convenio como marco, no como objeto. El Tribunal declara que no es competente para interpretar el convenio entre Lituania y Chipre (ap. 64), aunque lo tiene en cuenta: un convenio entre Estados miembros no puede servir para llegar a un resultado contrario al Derecho de la Unión (ap. 69).

VI. Precedentes relevantes

T Danmark e Y Denmark (C-116/16 y C-117/16, 2019) es el precedente estructurante. De ahí vienen el principio general de prohibición del abuso aplicado a la Directiva, el indicio clásico de la retransferencia íntegra en breve plazo y la regla de que no puede exigirse a la autoridad una prueba imposible (aps. 59 y 73). NEO Group lo amplía en dos sentidos: la sociedad instrumental deja de ser el caso típico y la brevedad deja de ser condición.

Nordcurrent group (C-228/24, 2025) aporta la lectura global del carácter falseado y del propósito principal, que el Tribunal cita a lo largo de la sentencia (aps. 50, 52, 55, 62, 82-83, 91-92).

La sentencia cita además Marhaux (C-150/25, 2026), Viva Telecom Bulgaria, Keva, Denkavit y Deister Holding. No cita N Luxembourg 1.

VII. Conclusiones de la Abogada General

El Tribunal no admite votos particulares; el contraste lo ofrece la Abogada General Juliane Kokott, y en este caso es sustancial.

Coincide en que, de forma excepcional, puede haber abuso aunque la matriz sea la beneficiaria efectiva de los dividendos, pero lo condiciona a una «planificación general abusiva» con relación de finalidad entre la distribución y la ventaja de la Directiva (puntos 60-74 y 98.1). Parte de una presunción de conformidad: cuando se cumplen los requisitos de la Directiva, las ventajas solo se niegan «excepcionalmente y en casos particulares» (punto 59).

La diferencia de fondo está en el alcance territorial. Para la Abogada General, por regla general el abuso del Derecho tributario de otro Estado no es abuso de la Directiva, y no existe una competencia subsidiaria de cada Estado de la cadena para combatir abusos ajenos, por razones de seguridad jurídica (puntos 79-81 y 98.2). Solo admite la excepción cuando la distribución busca que el beneficiario último evada impuestos en su propio Estado, y señala que los hechos del caso no parecen respaldarlo (puntos 82-87). El Tribunal resolvió lo contrario en el tercer punto del fallo.

También matiza los indicios: considera que la redistribución de un importe casi idéntico y la proximidad temporal no son requisito suficiente ni necesario (puntos 93-94 y 98.3), y llega a decir que no son indicio (punto 36). En el conocimiento, pone el acento en quien decide el arreglo, normalmente el socio dominante (puntos 95-97); el Tribunal lo extendió a cualquier sociedad del grupo que participe en la cadena.

VIII. Análisis crítico

Lo que el Tribunal resolvió está en los apartados IV y V. Mi evaluación es la siguiente.

Acierto metodológico. Separar el examen de conjunto de la prueba del abuso es correcto. Un fisco que solo mira la primera operación queda a merced de estructuras escalonadas; uno que presume abuso por la coincidencia de cifras convierte cualquier grupo con flujos estables en sospechoso. El Tribunal evita ambos extremos.

El costo: la seguridad jurídica de la filial. El cuarto punto del fallo permite negar la exención a una filial que no conocía ni podía conocer la cadena. La Abogada General advirtió el riesgo y el Tribunal lo asumió. Para el grupo, la consecuencia práctica es que la diligencia ya no se mide en la sociedad que paga, sino en el grupo completo.

El punto débil: la extraterritorialidad sin coordinación. Al permitir que cada Estado de la cadena examine operaciones realizadas en otros Estados y por no residentes, el Tribunal abre la puerta a que varios fiscos califiquen la misma operación de manera distinta. A mi juicio, la objeción de la Abogada General sobre la falta de competencia subsidiaria es el argumento más sólido contra la sentencia y el que mejor servirá a la defensa cuando el criterio se aplique en casos con menos indicios que este.

Lo que queda abierto. La sentencia no precisa cómo se acredita el propósito principal cuando la matriz tiene actividad real y el flujo hacia el controlante también puede explicarse por razones de financiamiento personal, como sugirió la Abogada General (puntos 89-90). Ese será el terreno de los próximos litigios.

IX. Perspectiva comparada

La sentencia y las conclusiones ofrecen dos modelos dentro de la propia Unión. El del Tribunal es un modelo de examen amplio con prueba exigente: cualquier Estado de la cadena puede revisar todo, pero debe probar los dos elementos del abuso sin presunciones generales. El de la Abogada General es un modelo de competencia acotada: cada Estado protege su propia base y la última distribución corresponde al Estado de residencia del socio final (puntos 49-50).

Fuera de la Directiva, el concepto que cumple una función parecida es el de beneficiario efectivo de los convenios para evitar la doble imposición. La sentencia lo menciona al tomar como marco el comentario 12.5 al art. 10 del Modelo de la OCDE, según el cual el convenio no concede el beneficio cuando hay abuso (ap. 68). Es la vía por la que esta discusión llega a México.

X. Relevancia para México

Tres figuras que no deben confundirse. El beneficiario efectivo es un concepto de los tratados (art. 10 del Modelo OCDE) que condiciona la tasa reducida sobre dividendos. El beneficiario controlador del CFF y de la LFPIORPI sirve a la transparencia y a la prevención del lavado de dinero; no es lo mismo. Y el beneficiario último de la sentencia es una calificación de la autoridad lituana, no una categoría legal.

No hay Directiva, hay tratados. En México, el alivio equivalente a la exención de la Directiva no lo da la ley interna sino los tratados. La LISR prevé para los dividendos pagados a residentes en el extranjero una retención del 10 % con carácter definitivo (art. 164, fr. I), aplicable solo a utilidades generadas a partir de 2014 (art. Noveno transitorio, fr. XXX, del decreto de 2014). Para acceder a un tratado hay que acreditar la residencia y, entre partes relacionadas, la autoridad puede exigir que se acredite la doble tributación jurídica (art. 4).

El 5-A: misma pregunta, otra técnica. El art. 5-A CFF permite recaracterizar actos sin razón de negocios que generen un beneficio fiscal. Contiene dos presunciones, ambas «salvo prueba en contrario»: cuando el beneficio económico razonablemente esperado es menor que el fiscal y, respecto de una serie de actos, cuando el mismo beneficio pudiera lograrse con menos actos y un efecto fiscal más gravoso. Antes de aplicarlo, la autoridad necesita la opinión favorable de un órgano colegiado de la SHCP y el SAT, y debe darlo a conocer al contribuyente en el procedimiento de comprobación para que pueda desvirtuarlo. Sus efectos se limitan a contribuciones, accesorios y multas, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

La convergencia es clara: el «examen de conjunto» del Tribunal y la «serie de actos» del 5-A responden a la misma intuición. La diferencia, a mi juicio, es de técnica probatoria y no de principio. El Tribunal prohíbe una presunción general derivada de meros indicios; el 5-A prevé presunciones específicas, cuantificables y refutables, con control previo de un órgano colegiado. Hay, sin embargo, una diferencia estructural: el Tribunal exige probar dos elementos, arreglo falseado y propósito principal, mientras el 5-A opera con el test objetivo de la razón de negocios.

Cómo usarla. NEO Group no es precedente en México ni criterio persuasivo en sentido estricto: es Derecho de la Unión derivado de una Directiva sin anclaje en nuestro sistema. Es un argumento comparado útil para exigir que la recaracterización de cadenas de dividendos se apoye en indicios concretos y no en la sola coincidencia de importes.

Dos trasplantes riesgosos. El primero, sostener que la actividad económica real de la matriz blinda frente al 5-A: la sentencia dice exactamente lo contrario. El segundo, equiparar el principio general antiabuso de la Unión con el 5-A, como si fueran la misma norma: su fuente, sus requisitos y sus garantías procedimentales son distintos.

XI. Conclusión

Qué cambió. El Tribunal deja de exigir una sociedad instrumental o una retransferencia rápida para apreciar abuso en la Directiva matriz-filial, y permite al Estado de la filial examinar toda la cadena, aun fuera de su territorio.

Qué queda abierto. Cómo se prueba el propósito principal cuando la matriz tiene actividad real; cómo se evitan calificaciones contradictorias entre los Estados de una misma cadena, que fue la objeción de la Abogada General.

Qué observar. La resolución del tribunal lituano al aplicar estos criterios; la versión definitiva de la sentencia; la evolución de Marhaux y de la línea Nordcurrent.

La pregunta mayor. El fisco puede seguir el rastro del dividendo hasta el final. Lo que no puede es dar por recorrido el camino solo porque las cifras coinciden.

XII. Ficha de precedente

• Regla jurídica: el art. 1, aps. 2 y 3, de la Directiva 2011/96 permite negar la exención de retención a dividendos pagados a una matriz con actividad económica real si forman parte de una cadena de operaciones falseadas cuyo beneficiario es quien controla el grupo, con independencia del lugar de las operaciones y del conocimiento de la filial.

• Derecho o principio involucrado: prohibición del abuso de Derecho; libertad de establecimiento; seguridad jurídica; proporcionalidad.

• Estándar de revisión: arreglo falseado y propósito principal, apreciados en un análisis objetivo de conjunto; prohibición de presunciones generales.

• Resultado: respuesta favorable, en principio, a la retención; la aplicación a los hechos corresponde al tribunal lituano.

• Precedente anterior: T Danmark e Y Denmark (2019); Nordcurrent group (2025).

• Cambio doctrinal: la sociedad instrumental y la brevedad dejan de ser condiciones; el examen se extiende a operaciones en otros Estados y por no residentes.

• Votos relevantes: no aplica (TJUE). La AG Kokott difiere en el alcance territorial (puntos 79-87) y matiza los indicios (punto 36).

• Efectos: vinculante para el tribunal remitente; interpretación uniforme para los Estados miembros.

• Utilidad comparada: alta para la discusión del art. 5-A CFF y del beneficiario efectivo en tratados; como argumento comparado, no como precedente.

• Palabras clave: antiabuso; Directiva matriz-filial; dividendos; cadena de operaciones; arreglo falseado; propósito principal; beneficiario efectivo; razón de negocios; 5-A CFF.

XIII. Fuentes

Fuentes primarias

• TJUE, sentencia de 15 de octubre de 2026, C-203/25, NEO GROUP, edición provisional en español: EUR-Lex, CELEX 62025CJ0203. Consultada el 12 nov 2026. ECLI pendiente.

• Conclusiones de la Abogada General J. Kokott, 21 de mayo de 2026, C-203/25, edición provisional en español: EUR-Lex, CELEX 62025CC0203. Consultadas el 12 nov 2026.

Precedentes

• C-116/16 y C-117/16, T Danmark e Y Denmark, 26 feb 2019, EU:C:2019:135.

• C-228/24, Nordcurrent group, 2025, EU:C:2025:239.

• C-150/25, Marhaux, 2026, EU:C:2026:188.

Legislación

• Directiva 2011/96/UE, art. 1, aps. 2 y 3, en la versión de la Directiva (UE) 2015/121.

• CFF, art. 5-A (texto vigente, última reforma DOF 09-04-2026). LISR, arts. 4, 10 y 164, y art. Noveno transitorio, fr. XXX, del decreto de 2014 (texto de la Cámara de Diputados).

• Modelo de Convenio de la OCDE, art. 10, y comentario 12.5, citados en la sentencia (ap. 68).

Análisis académico; no constituye asesoría jurídica. Las citas proceden de ediciones provisionales y pueden variar en la versión definitiva.