OBSERVATORIO GLOBAL DE JURISPRUDENCIA
Lo que se paga para no ser multado
ScottishPower y la naturaleza de la sanción negociada
Tribunal Supremo del Reino Unido (UK Supreme Court)
ScottishPower (SCPL) Limited and others v Commissioners for His Majesty's Revenue and Customs
[2026] UKSC 35 (en apelación de [2025] EWCA Civ 3)
León D. Servín S.
I. Planteamiento inicial
¿Puede deducirse lo que una empresa paga, por convenio con su regulador, para que no le impongan una multa?
La respuesta breve del Tribunal Supremo del Reino Unido es que no. Si la multa no es deducible, tampoco lo es lo que se paga en su lugar. Para saber qué es un pago importa su sustancia, no el nombre que le dieron las partes.
Sostengo que la sentencia importa menos por el resultado, que era previsible, que por el fundamento. La Corte rechaza que la no deducibilidad de las multas sea una regla de política creada por los jueces. La ubica en la ley misma: quien paga una sanción no ejerce su actividad, responde de su infracción. Desde México, ese fundamento sirve donde nuestra ley calla: los pagos pactados con una autoridad a favor de terceros que no sufrieron daño, que no son formalmente ni sanción ni indemnización.
II. Hechos y antecedentes procesales
ScottishPower Energy Retail, suministradora de gas y electricidad, fue investigada por el regulador británico de energía (GEMA, que actúa por medio de Ofgem) por incumplimientos graves de sus condiciones de licencia: ventas engañosas, atención deficiente de quejas, diferencias de precio entre formas de pago sin justificación de costo y metas de ahorro energético no alcanzadas (aps. 2 y 9).
GEMA anunció que impondría multas. Las investigaciones se cerraron con cuatro convenios: la empresa pagó cerca de 28 millones de libras a clientes y a organizaciones benéficas, se comprometió a mejorar, y el regulador le impuso una multa nominal de una libra en cada caso (aps. 1-3). Para conciliar, la empresa debía admitir la infracción y renunciar a impugnarla (ap. 17), a cambio de un descuento sobre el elemento punitivo que va del 30 % en la etapa temprana al 10 % en la tardía (ap. 19).
El caso no es una rareza. Según los hechos probados en primera instancia, desde 2010 Ofgem sustituyó las multas por convenios: en 2010 impuso unos 15 millones de libras en multas, sin pagos reparatorios; en 2019, unos 2 millones en multas y unos 50 millones en pagos reparatorios (ap. 65). La sanción negociada es hoy la forma ordinaria de sancionar de ese regulador.
Las partes coincidían en que una multa de 28 millones no habría sido deducible del impuesto sobre sociedades (ap. 3). La disputa era si los pagos lo eran. El caso recorrió tres instancias con tres respuestas distintas:
First-tier Tribunal (4-II-2022): la mayor parte de los pagos no es deducible, porque se hicieron en lugar de una multa; los 554,013 libras pagados a consumidores afectados por las ventas engañosas sí lo son, porque compensan un daño (aps. 65-70).
Upper Tribunal (5-IX-2023): nada es deducible; separar lo punitivo de lo compensatorio dentro de un mismo paquete privilegia la forma sobre la sustancia (aps. 71-74).
Court of Appeal (2025, voto de Falk LJ): todo es deducible. La exclusión de las multas sería una regla de ajuste creada por los jueces, que debe interpretarse en sentido estricto y no alcanza lo que no sea multa en sentido propio; extenderla correspondería al Parlamento (aps. 75-79).
III. Pregunta jurídica
¿Son deducibles, como gastos efectuados «total y exclusivamente para los fines de la actividad» (s. 54(1)(a) de la Corporation Tax Act 2009), los pagos que una empresa regulada hace a terceros por convenio con su regulador, cuando el convenio sustituye a una multa que no sería deducible?
IV. Decisión del tribunal
La Corte, por unanimidad, admitió la apelación de la autoridad fiscal y restituyó la decisión del Upper Tribunal: ninguno de los pagos es deducible, incluidos los 554,013 libras (aps. 99-100). El voto es conjunto de Lady Rose y Lord Doherty, al que se adhirieron Lord Reed, Lord Stephens y Lady Simler.
V. Ratio decidendi
El fundamento está en la ley, no en una política judicial. Las multas no son deducibles porque no se pagan para los fines de la actividad. En palabras de la Corte: «El propósito del contribuyente al pagar la sanción no es ejercer su actividad, sino responder de su infracción» (ap. 81, traducción propia). Es una cuestión de interpretación de la s. 54(1)(a): el gasto en sanciones no es gasto para los fines de la actividad (ap. 83).
McKnight fue mal leído. La Court of Appeal fundó su decisión en una frase de Lord Hoffmann: la política legislativa se «diluiría» si el contribuyente pudiera compartir la carga de la multa con la comunidad mediante la deducción. Para la Corte, esa frase describe una consecuencia, no un fundamento; Lord Hoffmann no creó ninguna regla judicial de política (aps. 84-85).
El propósito sigue siendo el del contribuyente. La intención del legislador y la del regulador pueden servir para decidir si un pago tiene naturaleza de sanción. Pero el propósito que cuenta es el de quien paga: cumplir una obligación que lo castiga por infringir las reglas de su actividad (ap. 86).
Sustancia, no forma. Los pagos no fueron voluntarios: sin convenio, la empresa habría enfrentado multas de monto igual o similar (ap. 89). Tratarlos distinto premiaría al infractor evidente, que concilia pronto, y perjudicaría a quien tiene un caso dudoso y prefiere litigar. Por eso, «en sustancia y no en forma», los pagos se asemejan a sanciones y se rigen por los mismos principios (ap. 90).
La licencia no es un contrato. Las condiciones de licencia se parecen más a una obligación legal que a un contrato, y los pagos no son un remedio de derecho privado; las resoluciones del regulador vinculan directamente cada pago con la multa que se habría impuesto (aps. 91-93). No cambia la conclusión que el dinero vaya a destinatarios elegidos por el regulador y no al erario, ni que la contabilidad lo registre como gasto (ap. 94).
Tampoco el pago a los consumidores. Los 554,013 libras no se asemejan a una indemnización por un ilícito civil. Forman parte del mismo paquete, negociado bajo la amenaza de la sanción, y son tan castigo como el resto (ap. 99).
VI. Precedentes relevantes
Strong v Woodifield (1906) da el criterio de fondo: no basta que un gasto se haga en el curso de la actividad o esté relacionado con ella; debe hacerse para obtener las utilidades (aps. 40 y 82).
Warnes (1919) y von Glehn (1920) fundan la regla de que las multas no son deducibles. La Corte subraya un dato que pesa en el caso: en ambos, la «multa» se pagó por convenio en un procedimiento del Attorney General, y en von Glehn ni siquiera hubo declaración de infracción. Nadie sostuvo entonces que por eso fueran pagos voluntarios (ap. 50). La regla nació, pues, de sanciones negociadas.
McKnight v Sheppard (1999) es el precedente moderno. La Cámara de los Lores admitió la deducción de los honorarios de defensa de un corredor de bolsa en un procedimiento disciplinario, pero no la de las multas (aps. 56-61). La Corte limita su análisis a lo que McKnight dice sobre las sanciones y deja fuera los honorarios (ap. 80).
Herald and Weekly Times (Australia, 1932) admitió deducir las indemnizaciones por difamación pagadas por un periódico (aps. 51-53). La Corte lo declara ajeno al caso: trata de daños civiles, no de sanciones ni de pagos reparatorios impuestos por un regulador (ap. 97).
VII. Opiniones concurrentes y disidentes
No hay votos particulares. El contraste lo ofrece la Court of Appeal, cuya tesis merece tomarse en serio: si la exclusión de las multas es una regla creada por los jueces, debe interpretarse en sentido estricto y extenderla a lo que no es multa sería legislar (aps. 77-78). La Corte no responde que extenderla sea legítimo, sino que no hay nada que extender: la exclusión ya está en la s. 54(1)(a).
VIII. Análisis crítico
Lo que el tribunal resolvió está en los apartados IV y V. Mi evaluación es la siguiente.
El acierto: devolver la regla a la ley. La Court of Appeal tenía razón en un punto: una regla judicial de política no puede crecer por analogía sin invadir la función del legislador. La Corte no la desautoriza en ese punto, sino en la premisa. Si la exclusión de las multas está en la ley, la pregunta deja de ser si los jueces pueden ampliarla y pasa a ser qué es, en sustancia, el pago. Es una solución más sólida y más previsible.
La tensión: quién decide la naturaleza del pago. La Corte dice que importa el propósito del contribuyente (ap. 86), pero la naturaleza sancionadora la deduce de lo que el regulador habría hecho y de cómo lo documentó en sus resoluciones (aps. 89 y 93). En la práctica, la autoridad que negocia el pago define su trato fiscal. Es la objeción más fuerte contra la sentencia, y no es menor: una autoridad podría documentar como sustitutivo de multa casi cualquier pago que obtenga en una negociación.
La Corte tiene una respuesta parcial: separa la pregunta por la naturaleza del pago, donde sí importa la intención del regulador, de la pregunta por el propósito de quien paga (ap. 86). La separación es razonable, pero no elimina que la primera pregunta la responda, en los hechos, la propia autoridad. Mi posición es que el criterio es correcto con una condición: la calificación sancionadora debe constar en un acto motivado de la autoridad que negoció, emitido al cerrar el procedimiento, y no inferirse después por la autoridad fiscal. En ScottishPower esa condición se cumplía: las resoluciones de GEMA ligaban cada pago con la multa que se habría impuesto (ap. 93).
La objeción práctica: ¿desalienta la conciliación? Si conciliar no da un ahorro fiscal, se diría, más empresas preferirán litigar. La Corte invierte el argumento: el trato distinto premiaría precisamente al infractor evidente (ap. 90). Y la conciliación conserva sus incentivos propios, como el descuento sobre el elemento punitivo (ap. 19). Agrego que el regulador tampoco puede corregir el problema aumentando el pago para compensar la deducción, como sugirió la Court of Appeal: la Corte lo descarta porque el regulador no puede prever cómo tratará el pago la autoridad fiscal (ap. 87).
Lo que queda abierto. La Corte reconoce que habrá casos difíciles: los gastos que una empresa hace en etapas tempranas para anticiparse a la investigación o aplacar al regulador (ap. 95). Este no era uno de ellos. El próximo litigio estará ahí.
IX. Perspectiva comparada
La sentencia muestra dos maneras de fundar la misma regla dentro del derecho británico. La de la Court of Appeal es la de un ajuste judicial: la utilidad contable se corrige por una regla de política creada por los tribunales (s. 46(1)), que debe interpretarse en sentido estricto. La del Tribunal Supremo es la de la interpretación de la ley: la multa nunca fue un gasto para los fines de la actividad (s. 54(1)(a)).
El contraste con Australia está en la propia sentencia. Herald and Weekly Times admitió deducir indemnizaciones por difamación porque publicar el periódico era a la vez fuente del ingreso y causa del daño (aps. 51-53). La Corte no lo revisa, pero lo confina a los daños civiles (ap. 97). La frontera que traza es entre castigo y reparación de un daño privado; el pago negociado con un regulador cae del lado del castigo.
X. Relevancia para México
Lo que nuestra ley ya resuelve. La LISR, en el texto vigente al 18-XI-2026, condiciona toda deducción a que sea «estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente» (art. 27, fr. I) y excluye expresamente:
los accesorios de las contribuciones, salvo los recargos efectivamente pagados (art. 28, fr. I); el CFF considera accesorios, entre otros, a las sanciones (art. 2);
«Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales». Las indemnizaciones y las penas convencionales solo se deducen cuando la ley impone pagarlas por riesgo creado, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o actos de terceros, salvo que el daño se haya originado por culpa imputable al contribuyente (art. 28, fr. VI).
El decreto de reforma a la LISR publicado en el DOF el 13-XI-2026, que entra en vigor el 1-I-2027, no modifica estos preceptos.
Donde México es más estricto. Lo que el Reino Unido construyó por vía judicial, en México lo dice la ley, y con más amplitud. Los 554,013 libras que el First-tier Tribunal consideró compensatorios serían no deducibles en México sin necesidad del razonamiento de la Corte: o son sanción, o son indemnización por un daño causado con culpa, y la fr. VI excluye ambas.
Donde nuestra ley calla, y sirve la sentencia. Hay un supuesto que la fr. VI no cubre con claridad: el pago pactado con una autoridad en lugar de una multa, a favor de terceros que no sufrieron un daño propio. En el caso, parte del dinero fue a organizaciones benéficas elegidas por el regulador (ap. 94). Ese pago no es formalmente una sanción, porque la autoridad no la impuso, ni una indemnización, porque el beneficiario no fue dañado. Su deducción se discutiría en el art. 27, fr. I.
Propongo leer ese supuesto con el criterio de ScottishPower: el pago hecho para no ser multado no es estrictamente indispensable para la actividad, porque su causa es la infracción, no la actividad. Tampoco puede tratarse como donativo, porque la propia fr. I solo admite los donativos «no onerosos ni remunerativos», y un pago que se entrega a cambio de evitar una multa tiene una contraprestación. Es una interpretación propia, no un criterio establecido de nuestros tribunales.
La objeción a esta lectura. El paralelo no es exacto. La s. 54(1)(a) británica mira el propósito del gasto («total y exclusivamente para los fines de la actividad»); el art. 27, fr. I, exige que el gasto sea «estrictamente indispensable», un estándar que pone el acento en la relación del gasto con la actividad. Trasladar sin más el razonamiento británico sería un error. Respondo que, en este supuesto, ambos estándares conducen al mismo lugar por caminos distintos: el pago no tiene relación con la actividad, salvo que se diga que infringir la regulación forma parte de ella, lo que ninguna de las dos leyes admite.
Cómo usarla. ScottishPower no es precedente en México ni criterio persuasivo en sentido estricto: interpreta una ley británica. Es un argumento comparado útil en dos sentidos: para calificar por su sustancia los pagos pactados con autoridades, y para exigir que esa calificación conste en un acto motivado de quien negoció y no se construya después.
Un trasplante riesgoso. Sostener que lo pagado por convenio con una autoridad es deducible porque no se llama multa. La sentencia dice exactamente lo contrario, y la LISR, en la mayoría de los casos, también.
XII. Conclusión
Qué cambió. El Tribunal Supremo devuelve a la ley el fundamento de la no deducibilidad de las multas y extiende la regla a los pagos que las sustituyen, aunque se hagan a terceros y aunque una parte compense a consumidores.
Qué queda abierto. Dónde termina la sanción y empieza el gasto de cumplimiento cuando la empresa se anticipa al regulador (ap. 95), y cuánto debe decidir la autoridad que negocia sobre el trato fiscal de lo que cobra.
Qué observar. Si otros reguladores británicos ajustan sus convenios a la luz del fallo, y si las autoridades fiscales de otros países, incluida la mexicana, empiezan a recalificar pagos negociados con el argumento de la sustancia.
La pregunta mayor. Nombrar distinto un pago no cambia lo que es. Lo que se paga para no ser multado se trata como multa.
XIII. Ficha de precedente
Regla jurídica: los pagos hechos por convenio con un regulador en sustitución de una multa no son deducibles, porque, como las multas, no se efectúan para los fines de la actividad (s. 54(1)(a) CTA 2009).
Derecho o principio involucrado: principio de gasto para los fines de la actividad; sustancia sobre forma; neutralidad entre quien concilia y quien litiga.
Estándar de revisión: naturaleza del pago, apreciada en sustancia y en conjunto; propósito del contribuyente al pagar.
Resultado: apelación de la autoridad fiscal admitida; se restituye la decisión del Upper Tribunal; nada es deducible.
Precedente anterior: Strong v Woodifield (1906); Warnes (1919); von Glehn (1920); McKnight v Sheppard (1999).
Cambio doctrinal: la no deducibilidad de las multas deja de leerse como regla judicial de política y se ubica en la interpretación de la ley; se extiende a los pagos sustitutivos.
Votos relevantes: unanimidad. Voto conjunto de Lady Rose y Lord Doherty.
Efectos: vinculante en el Reino Unido.
Utilidad comparada: media-alta para la calificación de pagos pactados con autoridades en México (arts. 27, fr. I, y 28, fr. VI, LISR); como argumento comparado, no como precedente.
Palabras clave: deducciones; multas; sanción negociada; pagos reparatorios; sustancia sobre forma; estrictamente indispensable; art. 28, fr. VI, LISR.
XIV. Fuentes
Fuente primaria
Supreme Court of the United Kingdom, ScottishPower (SCPL) Limited and others v Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs, [2026] UKSC 35, sentencia de 21 de octubre de 2026. The National Archives, Find Case Law: https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/uksc/2026/35. Consultada el 16 nov 2026.
Precedentes (citados según la sentencia)
Strong & Co of Romsey v Woodifield [1906] AC 448.
Inland Revenue Commissioners v Warnes & Co [1919] 2 KB 444.
Inland Revenue Commissioners v Alexander von Glehn & Co Ltd [1920] 2 KB 553.
Herald and Weekly Times v Federal Commission of Taxation (1932) 48 CLR 113 (HCA).
McKnight v Sheppard [1999] 1 WLR 1333.
Instancias del caso: [2022] UKFTT 41 (TC); [2023] UKUT 218 (TCC); [2025] EWCA Civ 3.
Legislación
Corporation Tax Act 2009, ss. 46(1) y 54(1)(a), según su transcripción en la sentencia (ap. 5).
Ley del Impuesto sobre la Renta, arts. 27, fr. I, y 28, frs. I y VI (Cámara de Diputados, texto consultado el 16 nov 2026).
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, DOF 13-XI-2026, en vigor el 1-I-2027 (consultado el 18 nov 2026).
Código Fiscal de la Federación, art. 2 (Cámara de Diputados, última reforma DOF 09-04-2026).
Análisis académico; no constituye asesoría jurídica.
L3 · Tributo y capacidad contributiva
